Cuando llegan procesos electorales como los que estamos viviendo, siempre hay quien pone en tela de juicio la necesidad y eficacia en el funcionamiento de las diversas instituciones.
Las instituciones más criticadas suelen ser las diputaciones provinciales, comarcas, el senado, incluso VOX plantea eliminar las comunidades autónomas con sus correspondientes parlamentos.
Tras mis años de trabajo desde un ayuntamiento, puedo decir que todas las instituciones tienen sus ventajas e inconvenientes, pero su buen o mal funcionamiento depende de una manera clara de las personas que estén al frente de cada una de ellas y de quienes constituyen los correspondientes equipos de gobierno.
Un ejemplo de falta de eficacia durante la legislatura que estamos acabando, ha sido la Diputación Provincial de Teruel. Una institución que es fundamental para apoyar a los ayuntamientos de toda la provincia no ha estado en ningún momento a la altura que se le exige al llamado Ayuntamiento de Ayuntamientos.
La lentitud del equipo PAR-PP en todas las tramitaciones ha sido la tónica general. Ejemplos como el arreglo de carreteras o el plan de asfaltados es algo que se está sufriendo en toda la provincia.
Caso aparte recibe el arreglo de caminos. No es de recibo que en 4 años las máquinas de DPT no hayan aparecido por muchos ayuntamientos como ha sido el caso de Ariño. Ni tan siquiera en situaciones de extrema necesidad tras fuertes tormentas, los responsables de nuestra diputación han cumplido con sus obligaciones. Además el sectarismo a la hora de llevar las máquinas a un pueblo según el color político del alcalde, es algo que no se producía en esta provincia desde hacía años.
Fiascos como el Plan SOS 113 o la renuncia a colaborar con el Gobierno de Aragón en la extensión de banda ancha a más de 100 pueblos de Teruel son más ejemplos de la mala gestión de la DPT.
En definitiva no hay buenas o malas administraciones sino buenos o malos administradores.
