Los pueblos más afectados por el temporal Gloria de nuestro territorio han recibido esta semana a los máximos representantes del país. Al recorrido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por Cantavieja el pasado sábado se ha unido este miércoles la visita de la Ministra de Política Territorial, Carolina Darias, a Alcañiz, Monroyo, Peñarroya de Tastavins y Valderrobres. Ambos, acompañados por la plana mayor del Gobierno de Aragón, han garantizado que llegarán ayudas «suficientes» a la comunidad autónoma para que el territorio recupere las infraestructuras, naves, granjas y vías arrasadas por la borrasca.

También el presidente autonómico, Javier Lambán, ha anunciado la puesta en marcha de créditos blandos sin intereses para que agricultores y ganaderos puedan restituir los daños en sus explotaciones; así como una nueva Ley de Emergencias que mejore la coordinación y optimización de medios en este tipo de episodios.

Los anuncios y compromisos, pues, han sido varios y a todos los niveles. Pero, al margen de los 150.000 euros que la Diputación Provincial de Teruel ha garantizado para caminos afectados por el temporal, ninguna institución ha detallado cuantías económicas, plazos, condiciones, ni prioridades.

Por el momento, las administraciones trabajan con datos muy alejados de las afecciones reales, como los 76 millones de euros que contempla el Consorcio de Compensación de Seguros atendiendo a los más de 11.630 siniestros contabilizados en todo el país. Estos partes corresponden a todos los desperfectos sin asegurar. En el Bajo Aragón Histórico, las primeras estimaciones ya superan los 18 millones de euros, siendo los municipios del Matarraña y los del Mezquín, Andorra y Alcorisa los más perjudicados por los efectos del temporal.
Que nuestros representantes públicos se interesen por lo que ha ocurrido en el Bajo Aragón Histórico es un gesto destacable y de agradecer. No obstante, los buenos propósitos no resuelven los graves problemas a los que se enfrentan los ganaderos que han perdido sus granjas; los vecinos que no pueden volver a sus casas por riesgo de desprendimiento; o los ayuntamientos que han tenido que cerrar sus instalaciones municipales.

Para que todo vuelva a la normalidad harán falta partidas presupuestarias suficientes, con una disponibilidad acorde a la urgencia de estos casos. Restituir los daños ha de ser una prioridad y debe de abordarse cuanto antes.

Editorial