Las instituciones comacales son para muchos territorios el principal nexo de unión entre pueblos a través del cual pueden coordinar servicios esenciales para hacerlos más rentables, eficaces y accesibles. Áreas de diverso grado, desde serivicios sociales hasta turismo, son capaces de tener una visión global de la realidad de cada comarca y responder a sus necesidades. Recientemente se han aprobado una veintena de proyectos del FITE ligados a diez comarcas para actuaciones territoriales. Asimismo, la última reunión del Consejo de Cooperación Comarcal de la semana pasada sitúa el foco en la capacidad de estas instituciones de abordar los retos del estado del bienestar. Se plantea la creación de una bolsa de trabajadores cualificados en el cuidado de hijos. Sería financiado con el plan «corresponsables» a través del IAM para facilitar la conciliación en la zona rural, una iniciativa verdaderamente importante dada la falta de oferta en muchos pueblos. Es un gran avance que pone el foco de forma directa en la capacidad de las comarcas para acercar servicios.

El debate sobre la evolución competencial de las comarcas está parado bloqueado hace años, así como la necesidad de reordenar el coste político de las mismas. Urge que se examine el desarrollo del modelo territorial de la Comunidad Autónoma para la resolución de los problemas comunes a todas las comarcas desde una perspectiva de eficacia y conocimiento real del territorio aragonés. La comarcalización fue uno de los procesos de descentralización administrativa más importantes de nuestra comunidad, pero su desarrollo no ha evolucionado todo lo esperado ni en competencias ni en financiación, al menos no tal y como se planteó en origen. Es imprescindible retomar ese análisis, eliminar duplicidades con otras administraciones, y otorgar a las comarcas el papel que verdaderamente deben ocupar, especialmente en aquellas zonas de Aragón más alejadas de los centros de decisión administrativa, como es el caso de las comarcas del Bajo Aragón Histórico. La labor que realizan muchas de ellas se ha revelado como absolutamente imprescindible para garantizar la igualdad del estado de bienestar en el medio rural y en la lucha contra la despoblación. Sus técnicos forman ya parte de una vertebración necesaria. Sin embargo, debe volver a abrirse el debate de su crecimiento como prestadoras de servicios y su necesaria proyección de futuro competencial.

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