La «cogobernanza» que promueve el Gobierno central para gestionar la pandemia del Covid-19 con las comunidades autónomas requiere una labor mucho más profunda de diálogo que la que se ha venido ejerciendo hasta ahora. La administración pública española está suficientemente descentralizada como para que cada región cuente con la autonomía suficiente, dentro del estado de alarma, para tomar decisiones sanitarias propias dentro de la flexibilización del estado de alarma. Estas medidas podrían suponer, como propone el Gobierno de Aragón, la ampliación de pequeñas normas que aliviarían sobremanera el recorte de libertades que estamos sufriendo desde marzo. La movilidad quizá no provincial, pero sí en determinados kilómetros a la redonda, sería, por ejemplo, importante. Si bien parece de sentido común absoluto mantener a la capital zaragozana, con más de 700.000 habitantes, bajo estrictos controles de movilidad, no así en el resto del territorio regional. Lo mismo sucede en otras provincias vecinas. Estos cambios deben estar basados en la confianza mutua, pero sobre todo en el rigor técnico. Y es absolutamente imprescindible dejar, en este caso, la política al margen. El Covid-19 no entiende ni de mapas ni de partidos políticos. El criterio técnico debe contemplar, en primer lugar y antes que ningún otro condicionamiento, la realidad sanitaria de cada territorio así como el perfil de su población. No tanto si se trata de población de riesgo o no, sino del perfil de sus hábitos de vida, las posibilidades de masificación así como de los incumplimientos que podrían darse ligados a la falta de la responsabilidad individual. Mañana se decidirá si nos sometemos a un mes más de estado de alarma. En este contexto no es ni justo, ni serio aplicar medidas discrecionales para todo tipo de áreas de población. El fin de la restricción horaria para municipios de menos de 10.000 habitantes entró en vigor al fin ayer, pero se necesita afinar mucho más. Solo si la población confía verdaderamente en estos criterios cumplirá las medidas como ha venido haciendo hasta ahora de forma ejemplar. Los ayuntamientos están siendo absolutamente responsables tomando medidas muy difíciles como la cancelación de fiestas patronales, prohibiendo la apertura de peñas o haciendo acatar todas las medidas para proteger a sus vecinos. Es hora de que a la población que ha cumplido se le dé oxígeno.
Editorial
