El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este miércoles una moción que pide al Gobierno central que las entidades locales también puedan utilizar sus remanentes en 2022. El texto, presentado conjuntamente por el PSOE, En Común-Izquierda Unida, Podemos-Equo y Ciudadanos, insta a prorrogar un año más “de forma inmediata” la suspensión de las reglas fiscales para de esta forma dotar a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales de suficientes recursos en su lucha contra el impacto social y económico del covid.
La moción, que también reclama al Gobierno central el estudio de fórmulas que modifiquen “en profundidad” la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha salido adelante con los apoyos de los cuatro grupos que la presentaron, mientras que el PP se ha abstenido tras ver rechazadas sus enmiendas y VOX ha votado en contra.
“La suspensión de las reglas fiscales es una gran oportunidad para las entidades locales: por supuesto para Diputación de Zaragoza, pero también para los ayuntamientos. Llevamos más de 10 años con todos los remanentes retenidos y esa decisión nos permite incorporarlos por fin a nuestro presupuesto”, ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, quien también ha recordado que esos ahorros suponen “mucho dinero” -en el caso de la Diputación de Zaragoza, unos 60 millones de euros- y que las entidades locales solo pueden utilizarlos hasta el próximo 31 de diciembre.
“Por eso vemos con preocupación la posibilidad de no poder ejecutar todas las obras que estén programadas y por eso hemos presentado esta moción que busca que los remanentes puedan incorporarse también al presupuesto del año 2022 para que los ayuntamientos puedan gastar y ejecutar las obras con más tiempo”, ha subrayado Sánchez Quero.
El texto de la moción destaca el “incuestionable” papel que juegan las entidades locales en la gestión de la crisis del covid, “especialmente los ayuntamientos como administración más próxima al ciudadano”. “La suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 ha significado para muchos ayuntamientos y diputaciones la recuperación de esa autonomía local tan anhelada y reivindicada, dotándolas de cierta flexibilidad».
«Pero por desgracia, el marco temporal en el se aplica esta medida no es suficiente”, recuerda la moción, que insiste en que en las actuales circunstancias “sería una catástrofe que las entidades locales no pudieran concluir determinadas inversiones o no pudieran prestar su apoyo a los sectores económicos que más están sufriendo”. “La única vía para no paralizar dichas actuaciones pasa por mantener la suspensión de las reglas fiscales más allá de 2021”, recalca el texto aprobado.
Rechazo a la mina de Borobia y la macrovaquería de Noviercas
En el pleno de este miércoles, que ha sido el ordinario correspondiente al mes de febrero, también se ha aprobado una moción de rechazo a la mina de Borobia y a la instalación de una macrovaquería en el municipio soriano de Noviercas. El texto inicial presentado por Podemos-Equo ha sido enmendado a la totalidad por el PSOE, y la moción ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos menos Ciudadanos y Vox, que se han abstenido.
La propuesta aprobada reitera la “rotunda oposición” de la Diputación de Zaragoza al proyecto de explotación minera de magnesistas a cielo abierto en Borobia (Soria) “por su grave afección a los recursos naturales y humanos, y especialmente, por las consecuencias ambientales y socioeconómicas para los ríos aragoneses de Manubles, Ribota, Aranda e Isuela, en la cuenca del Jalón; y Queiles y Huecha en la comarca de Tarazona”.
Asimismo, el texto muestra el “rechazo” de la DPZ a la instalación de una macrovaquería en Noviercas (Soria) “por la elevada carga ganadera, la excesiva generación de CO2 y purines y por los numerosos incumplimientos ambientales que hacen que numerosas organizaciones se opongan también a este proyecto”.
