El Partido Popular reclama medidas para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit y remanentes, de los fondos que adeuda el Gobierno central del IVA de diciembre 2017 y también de ayudas para el transporte o servicios sociales. Así lo puso de manifiesto el grupo Popular en la Diputación Provincial de Teruel, después de haber presentado este lunes una propuesta para su debate en la próxima sesión plenaria de la institución y en la que pide que estas administraciones puedan disponer de todos sus fondos como consecuencia de la buena gestión desarrollada los últimos años, además de medidas de apoyo económico a estas instituciones. «Pensamos que las entidades locales juegan un papel fundamental en la crisis sanitaria y necesitan disponer de todos sus recursos económicos», recalcó el portavoz del PP en la DPT, Carlos Boné quien añadió que el texto que propusieron pretende conseguir que las entidades locales puedan hacer uso de su superávit y de sus remanentes, así como también que les sea entregadas aquellas cuantías que el Ejecutivo español todavía les adeuda.
La iniciativa del Grupo Popular insta al Gobierno de España a «movilizar» una cuantía superior a los 40.000 millones de euros para «reactivar la economía y evitar la quiebra social». Esa cantidad se fundamentaría a través del adelanto de 18.900 millones de euros por la participación en los tributos del Estado (12.486 millones corresponden a los ayuntamientos), de la puesta en marcha de un fondo de 5.000 millones para ayudas directas e incondicionadas a estas administraciones, de 500 millones para el rescate del transporte público y de 300 millones para incrementar las ayudas de alimentación a través de los servicios sociales municipales; y de la autorización para que las entidades locales pudieran hacer uso de sus ahorros, que superan en la actualidad los 28.000 millones de euros.
Además de todo ello, también reclaman al Gobierno central que abone los 700 millones de euros que adeuda al conjunto de las entidades locales como consecuencia del IVA del mes de diciembre de 2017. «Se han apropiado de cuantías que no les corresponden y que no hacen sino dificultar la importante labor que desarrollan los ayuntamientos y diputaciones», lamentó el portavoz popular y alcalde de Valderrobres.
Reclaman medidas
Por todo ello y ante la situación actual, Boné reclamó que se pongan en marcha iniciativas para dotar de la liquidez necesaria a las entidades locales ya que considera «insuficiente» la única que ha adoptado el Gobierno de España en este tiempo y que se refiere a permitir el gasto del 20% del superávit de 2019 para atender gastos urgentes como consecuencia de la alerta sanitaria.
«No es suficiente, han sido los ayuntamientos los primeros en poner en marcha medidas de contención para la expansión del virus, de apoyo a la población más vulnerable y de implantación de moratorias en el pago de impuestos y tasas», añadió el portavoz del PP. Frente a esa diligencia en su actuación, los populares denunciaron encontrarse frente a en Ejecutivo central nada sensible con la labor que se desarrolla desde los ayuntamientos. También desstacaron que «son las entidades locales» las que se encuentran en primera línea de batalla contra el Covid-19 y que esta realidad «debe hacerse notar» mediante la puesta en marcha de medidas que posibiliten el uso de sus propios recursos y también que permitan seguir desarrollando una tarea que se ha demostrado fundamental. «Las administraciones más cercanas al ciudadano no puede ser la tabla de salvación de un Gobierno que no ha destinado ninguna ayuda a ellas», manifestó.
Requisar los ahorros
Especial incertidumbre ha generado en las entidades locales las declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el pasado 30 de abril apuntó en el Congreso de los Diputados a la posibilidad de que el superávit municipal se pudiera emplear para «cubrir aquellos» que el resto de administraciones no puedan llegar, de manera que entre todos pueda actuarse sinérgicamente sobre el ciudadano único o sobre la empresa pública. Para Boné no es justificable que el Ejecutivo nacional pretenda confiscar el superávit generado en 2019 y los remanentes acumulados de años anteriores porque «en una situación como la actual» es necesario que estén a disposición de las entidades locales para seguir trabajando en la protección de sus vecinos, en medidas de impulso económico y de ayuda a los más afectados. «No es justo que se penalice a aquellas administraciones que han desarrollado una gestión responsable y que no dipalidan el dinero de los ciudadanos», añadió Boné quien concluyó que no debe permitirse que otras administraciones «se apropien» de los fondos de aquellas después de no haber sido capaces de actuar de correctamente, incurriendo en déficit o en agujeros que al final lo que hacen «es perjudicar a los ciudadanos».
