La Diputación de Teruel (DPT) ha adjudicado por 115.000 euros (impuestos no incluidos) la licitación de un estudio que analice el actual tratamiento de los residuos en la provincia al Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (Imedes). La empresa dispone de un plazo de once meses para obtener los datos y proponer un nuevo modelo de gestión que se alinee con las directivas europeas y tenga un enfoque global en el conjunto de la provincia. La iniciativa se lleva a cabo en coordinación con los consorcios 7 y 8 y el Gobierno de Aragón. La licitación se había publicado por un importe máximo de 139.955,36 euros (impuestos no incluidos), financiado por la DPT a través de la partida que se incluyó en el Presupuesto de 2022.
El presidente de la DPT, Manuel Rando, ha valorado muy positivamente la colaboración de la institución con los consorcios de las agrupaciones 7 y 8, que gestionan los residuos en la provincia, así como con el Gobierno de Aragón, para "evaluar alternativas en cómo gestionamos nuestros residuos porque nos tenemos que adaptar a las normativas que exige la Unión Europea".
Rando ha destacado la obligación de "impulsar la creación de una red de puntos limpios equilibrada y solvente" teniendo en cuenta la necesidad de crear "puntos limpios móviles donde sean necesarios para dar servicio a los pequeños municipios". "El nuevo modelo debe conseguir una gestión más eficiente de la materia orgánica, adaptada a la geografía y la demografía de la provincia", ha dicho el presidente destacando que debe ser extensible al papel o al vidrio.
Requisitos del proyecto
El estudio ha de abordar el diseño del servicio utilizando las mejores técnicas disponibles, evaluar las distintas alternativas de gestión, acometer la adaptación a las normativas que exige la Unión Europea y asentar las bases de la colaboración entre los consorcios de las agrupaciones 7 y 8, responsables de organizar y gestionar el servicio de recogida, transporte, tratamiento y/o eliminación de las distintas fracciones de los residuos urbanos generados en su territorio.
Para lograr estos fines, hay que potenciar sinergias público-privadas fundamentales para fomentar una economía circular, tratando la materia orgánica en proximidad, según el principio de recogida en origen, y buscando alianzas con industrias que trabajen con los residuos en su proceso productivo.
Asimismo, el adjudicatario de este proyecto debe plantear un mecanismo con el que informar y comunicar a los ciudadanos afectados las medidas del nuevo plan de residuos o las infraestructuras planteadas.
Para ello, diseñará programas específicos de información, sensibilización y concienciación ciudadana, un aspecto fundamental para alcanzar una gestión adecuada. El objetivo es que toda la población conozca cómo debe gestionar los residuos y cuál es el plan para la provincia. Entre las acciones a desarrollar, también se deben incluir los programas de divulgación específicos dirigidos a centros escolares.
