Ayuntamientos y comarcas reclaman más personal y una normativa ajustada a la «realidad»
Tres meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos Públicos, el territorio comienza a hacer balance de una normativa que resta operatividad en las administraciones locales y comarcales y que afecta sobre todo a los pueblos más pequeños. Aunque el objetivo del texto es controlar la contratación pública, dotarla de transparencia y evitar el fraude y la corrupción en los procesos de licitación y adjudicación de obras y servicios, los ayuntamientos del Bajo Aragón Histórico denuncian que no se ajusta a la realidad de la zona. «Es una dinámica común. Se legisla para grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia -donde esta normativa es necesaria-, pero no se tienen en cuenta las peculiaridades de nuestros pueblos. Tiene que haber control, pero hay que buscar un equilibrio», señala el alcalde Calanda, José Ramón Ibáñez. «El problema es que se pide la misma tramitación a ayuntamientos que tienen servicios de contratación propios y recursos humanos potentes como Madrid y Barcelona, que a Aguaviva o las Parras de Castellote, en los que tenemos muy pocos recursos de materiales y personal», añade Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva.
Uno de los asuntos que más afectan a los municipios y entidades que trabajan con dinero público (Leader, comarcas, sociedades municipales…) que contempla esta nueva Ley son las condiciones para adjudicar un contrato menor de obras (máximo 40.000 euros) o de servicios y suministros (hasta 15.000 euros). Además de reducirse los umbrales máximos (antes 50.000 y 18.000 euros respectivamente), ahora se exigen unas condiciones más estrictas de tramitación así, como limitaciones a la hora de contratar a una misma empresa.
«Para comprar 500 metros de cable para un pueblo hay que hacer una propuesta de gasto, una justificación de la necesidad, presentar el presupuesto de un contratista autorizado, el decreto de adjudicación y el documento de comunicación al contratista. Y todo ello debe contar con el vistobueno de, en última instancia, Hacienda», explican algunos funcionarios de carrera que trabajan en comarcas y ayuntamientos del territorio. Todos estos pasos ralentizan la compra del cable y más teniendo en cuenta que en buena parte de los ayuntamientos sólo hay un secretario-interventor que, además, divide su jornada laboral en varios municipios. «Podemos decir que somos inoperativos, ineficaces e ineficientes. Todo esto nos bloquea. Falta personal y medios», coinciden. «Al final somos nosotros quienes contratamos y quienes controlamos que se contrata bien», reflexionan.
En ese sentido, los retrasos en licitaciones y proyectos ya se están sufriendo en algunos ayuntamientos como el de Fayón, en el Bajo Aragón-Caspe. Su alcalde, Roberto Cabistany, explica que tienen aprobada la construcción del velatorio municipal y muy avanzada la adecuación de una vivienda para escuela infantil. «Pero está todo parado porque, como es normal, tenemos muchas dudas. Falta información y tiempo», lamenta preocupado.
Preocupación también muestra el alcalde de La Ginebrosa, Miguel Ángel Balaguer, que detalla que ahora todo ha de pasar por exposición pública, incluso las labores de mantenimiento o las actuaciones ordinaria. «Antes podías tirar de empresas del pueblo o de poblaciones cercanas pero ahora no. No tiene sentido que para arreglar dos tuberías en una calle tenga que publicarlo en el Boletín y seguir un exhaustivo proceso», indica.
A una situación real se refiere Joaquín Noé, alcalde de Ariño. «Ahora hemos adjudicado unas obras en el polideportivo y nos la hace una empresa de Navarra porque ha ganado la licitación. A mi me gustaría que hubiese ganado una empresa de la zona, porque es la que asienta población y trabaja aquí, pero no se puede hacer nada», señala al mismo tiempo que propone que en las condiciones se puedan tener en cuenta aspectos de este tipo.
«Se les llena la boca a los gobiernos hablando de despoblación pero es un discurso vacío. Todo lo que se legisla lo único que consigue es que la gente se siga marchando de los pueblos», añade al respecto el primer edil calandino.
Por su parte, el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, subraya los excesivos informes que ha tenido que entregar su Ayuntamiento para demostrar la necesidad de contar con un nuevo espacio de recreo en el colegio de la localidad. «Tenemos que entregar una memoria con un montón de puntos. Incluso con los pros y contras de realizar este proyecto», se queja Boné, quien también se refiere a los tiempos y plazos como un problema añadido. «Esta semana nos han aprobado una ayuda Fondo de Inversiones de Teruel para mejorar el entorno del Castillo y la Iglesia. Son 200.000 euros y sólo tenemos seis meses para hacerlo. El problema es que antes de empezar necesitamos tener al corriente un montón de expedientes y papeles», recalca.
Técnicos, alcaldes y funcionarios lamentan que las consecuencias de la corrupción las estén pagando los «ciudadanos de a pie» con leyes como esta que, por otra parte, cabe recordar que fue aprobada en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría a finales de 2017.
DGA flexibiliza la Ley
Otro de los aspectos que critican los alcaldes es la prohibición de adjudicar a un mismo contratista dos obras o servicios en la misma anualidad. «En los pueblos, a veces contamos con un solo albañil o dos, un electricista, un fontanero… poner trabas para que trabajen en su pueblo es un problema para ellos», dicen.
Sin embargo, el Gobierno de Aragón reconoció en abril que esta prohibición tendría un impacto negativo en las entidades locales aragonesas porque supondría que «en muchas zonas del territorio los pocos licitadores potenciales quedarían inhabilitados para acceder a la contratación de pequeñas cuantías». También consideró que resultaría contradictorio que si lo que se intenta es favorecer a pequeñas y medianas empresas, que son muy valiosas en las zonas rurales, quedaran fuera de juego.
Por ello, para salvar esta condición de dos obras menores en el mismo año, la DGA aprobó un Decreto inmediatamente después de entrar en vigor la Ley, que viene normatizada por unos mínimos que exige la Unión Europea. «El texto del ejecutivo autonómico contempla que siempre que se haga público y no haya objeciones podría adjudicarse una segunda obra a un mismo contratista», explican desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
