El presidente del PP de Teruel y diputado en las Cortes, Joaquín Juste, ha instado este martes al Gobierno aragonés a invertir en la provincia los 22 millones de euros que el proyecto de presupuestos del Gobierno de Aragón para 2020 destinaba a las obras del Hospital de Alcañiz, un proyecto que queda aparcado por tiempo indefinido con el anuncio de la DGA de que resolverá el contrato ante los incumplimientos de las empresas adjudicatarias.
Juste ha reclamado que la partida presupuestada para el centro hospitalario alcañizano «se mantenga en la provincia de Teruel» y ha advertido contra la tentación del ejecutivo de ahorrarse los 22 millones «para arreglar un presupuesto falso». El dirigente popular ha apuntado a las carreteras como posible destino de la financiación prevista para el hospital, pero se mostró abierto a otras opciones y a apoyar la modificación presupuestaria necesaria para que «el Gobierno aragonés no se ahorre la inversión en la provincia».
La exigencia popular se ha planteado este martes en una rueda de prensa en que los diputados populares por Teruel han explicado las 44 enmiendas del PP a los presupuestos de Aragón relativas a la provincia, que suman 9,3 millones de euros. Joaquín Juste ha acusadi también a la DGA de utilizar los fondos del FITE para ahorrarse su propia inversión en Teruel.
La diputada Ana Marín ha señalado que el parón de las obras del hospital de Alcañiz era evidente desde el pasado febrero, pero la DGA prefirió no intervenir porque «el PSOE hubiera perdido votos». Para el diputado Juan Carlos Gracia, el Gobierno aragonés, con este proyecto, «ha perdido toda su credibilidad».
«Monumental enfado» de la Plataforma
Por otro lado, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales del Bajo Aragón Histórico ha anunciado su intención de reunirse con todos los partidos de los ayuntamientos y comarcas bajoaragonesas «para que se posicionen» tras el anuncio de DGA de iniciar el expediente para rescindir el contrato del hospital. La plataforma ha mostrado su «monumental enfado» por la situación después de meses de inactividad administrativa pese a que la paralización de los trabajos es evidente desde febrero.
Su portavoz, Isabel Martínez, ha reconocido que pecaron «de confiados» porque desde el Gobierno de Aragón insistieron en que las obras podían terminar en tiempo y forma en diciembre de 2021. «Empezamos a comprobar que los plazos no se cumplían y que la obra no iba como deseábamos, y su respuesta fue pedirnos paciencia. Nos decían que se estaba vigilando a la empresa; y ahora nos despertamos con que no se cumplen plazos y se dejan de ejecutar certificaciones», apuntan.
