Teruel Existe insiste en que la provincia sigue teniendo más de cien vacantes de Guardia Civil

El Gobierno ha respondido por escrito a la demanda de información tramitada por Teruel Existe en el Senado acerca del número de efectivos de Guardia Civil en la provincia de Teruel. En la contestación  afirman que los incrementos en las plantillas «tendrán un impacto positivo también en la provincia de Teruel», aunque «resulta muy difícil prever cómo evolucionará la cobertura de los puestos de trabajo a lo largo del presente año 2021, ya que no depende únicamente del número de vacantes publicadas en los diferentes concursos, sino también de la intención de solicitud de los posibles peticionarios interesados».

Acompañan las explicaciones con un cuadro en el que se establece la comparativa de efectivos disponibles desde 2018, incluyendo en esta categoría las situaciones administrativas de activo, reserva ocupado y alumnos en prácticas.

Los datos, computados a 31 de diciembre de cada año, destacan el mayor incremento en el 2019,  pasando de 678 a 694 efectivos disponibles. En 2020 fueron 692, mientras que a 31 de marzo de 2021 la cifra había descendido a 686, donde se incluyen 28 alumnos en prácticas, frente a los 24 de 2018.

Teruel Existe incide en que los agentes en prácticas, adscritos a distintas unidades de la provincia durante un año, no pueden desarrollar sus funciones en solitario y no pueden participar en acciones  de riesgo, por lo que no deberían incluirse en el cómputo real de efectivos que forman parte del «catálogo de activos» previsto y en el que se recoge la cifra de agentes necesaria para cubrir completamente la plantilla. De esta forma, dado que son 768 los agentes reflejados en 2021 en el catálogo del propio Ministerio del Interior para contar con el 100% de plantilla, y que los efectivos disponibles a fecha de 31 de marzo eran 658, incluyendo los 7 agentes en la reserva pero no a los agentes en prácticas, se sigue acusando la falta de 110 vacantes sin cubrir.

También habría que tener en cuenta dos aspectos, según indican desde la agrupación de electores. Por una parte, que los agentes mayores de 56 años en reserva ocupan destinos normalmente fuera de la calle, como pueden ser en administraciones, servicios burocráticos, vigilancia de juzgados o delegaciones de defensa.  Y, por otra, que la provincia de Teruel cuenta actualmente con 96 guardias civiles en puestos administrativos del total de la plantilla.

Además desde Teruel Existe recuerdan que no se está contabilizando la pérdida de plazas que anualmente se sufre por los traslados, reserva y retiro. Desde AUGC Teruel han informado que, según la web de la Guardia Civil, está previsto que 90 agentes abandonen la provincia en septiembre por los traslados, y solo se incorporarán 50 efectivos, por lo que se perderán 40 agentes en la provincia, sumados a los 13 que ya se fueron en febrero, más los que pasan a reserva o retiro.

Desde el Gobierno destacan que  «entre los años 2012 y 2018 se produjo un descenso de 13.000 efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el conjunto de España». Aseguran que se pretende revertir esta tendencia a la baja y que, para ello, desde 2018 se han realizado ofertas de empleo «que contemplan unas tasas de reposición del 115%, lo que está permitiendo mejorar la dotación de las plantillas, priorizándose las unidades para las que existe una mayor demanda».

En 2021, la tasa de reposición se habría incrementado al 130%, por lo que «se continuará incrementando el número de efectivos disponibles en la Guardia Civil», según aseguran desde estas fuentes gubernamentales. Sin embargo, Teruel Existe destaca que en las cifras aportadas en la respuesta parlamentaria se puede observar  cómo la provincia sigue perdiendo efectivos aún sumando los alumnos de prácticas, desde 2019 la provincia ha perdido 8 agentes.

Insisten en la necesidad de un complemento territorial para hacer atractivas las plazas

Los senadores de Teruel Existe, Joaquín Egea y Beatriz Martín, han planteado la seguridad en el medio rural en diversas intervenciones en  la Cámara Alta. En la sesión parlamentaria del uno de diciembre, Beatriz Martín, detalló al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, problemas concretos como la carencia de agentes, la pérdida de horarios de apertura de atención a los vecinos (la mitad de los cuarteles de la provincia de Teruel -16- solo están abiertos al público un día a la semana y en horario 9:00 a 14:00 horas), la extensión de territorio que cada agente debe cubrir (en algunos casos más de 75 kilómetros cuadrados) y el grave deterioro que presenta la habitabilidad en la mayoría de los cuarteles.

Denunció que el ratio de agentes se distribuya en función del número de habitantes en lugar de la extensión del territorio asignado y las isocronas de atención. Martín solicitó un complemento de territorialidad como ya se aplica en otras zonas del país, para fijar las plantillas del medio rural. El ministro Marlaska se comprometió a trabajar en la recuperación de efectivos perdidos entre 2011 y 2018, que llegó a suponer «12.000 agentes menos», mejorar sus condiciones laborales, fidelizar a los guardias civiles en los lugares de residencia» y a incorporar el reto demográfico en sus políticas.

En el mes de abril, de nuevo la senadora Martín, en una interpelación al entonces Ministro de Función Pública, Miquel Iceta, incluyó la necesidad de cubrir las plazas de los funcionarios dependientes de la Administración General del Estado, especificando que en el caso de la Guardia Civil, a pesar de incrementarse el número de efectivos en las plantillas, en la provincia de Teruel seguían existiendo 82 vacantes sin cubrir y que los datos de agentes en activo no deberían incluir a los alumnos en prácticas. La moción posterior instando al Gobierno a aplicar medidas en los cuerpos de funcionarios que dependen de la Administración General del Estado, para garantizar la prestación de todos los servicios en las provincias afectadas por la despoblación fue aprobada con solo 1 voto en contra.

También Joaquín Egea había pedido a Marlaska que la seguridad rural se considerara «prioritaria» en la planificación del Ministerio del Interior, atendiendo a la mejora de infraestructuras y dotación de medios en los cuarteles de la Guardia Civil en el medio rural, tal y como recoge el acuerdo de investidura que la Agrupación de electores firmó con el partido socialista. Marlaska se refirió entonces a un plan de infraestructuras dotado de 600 millones de euros destinados a mejorar las instalaciones del Ministerio, cuarteles, comisarías y prisiones.

En la pregunta escrita trasladada recientemente al Gobierno, Teruel Existe solicitó también información relativa a los funcionarios de prisiones, pero desde el ejecutivo se limitan a remitirlos a los datos de la Relación de Puestos de Trabajo recogidos en la página de transparencia oficial.