La comisión de las Cortes que investiga la implementación de energías renovables siguió el viernes en una sesión que se alargó más de 6 horas. El secretario general técnico del INAGA hasta el año 2022, Ángel García Córdoba, negó «cualquier tipo» de presión política o empresarial para impulsar proyectos eólicos o fotovoltaicos. «Yo no recibí ninguna llamada de ningún tipo, ni ninguna presión de nada», dijo durante su comparecencia, asegurando que él no intervino en ningún expediente sobre energía renovable porque no era de su competencia. «De nada hubiera servido porque yo no tramitaba esos expedientes», matizó.
El exsecretario del INAGA señaló que la documentación iba remitida al área de Medio Natural del organismo. Según García Córdoba los informes que elaboraban las consultoras y los propios funcionarios «no eran definitivos», es decir «no era de carácter vinculante» ni el informe técnico que emitían las consultoras para conformar el informe que luego redactaba los funcionarios, ni el informe propuesta que emitía posteriormente el funcionario público ante el director del INAGA. «El director del INAGA decide en su caso lo que quiera firmar», enfatizó.
En la comisión también compareció el viernes Ángela Laguna, directora general de la consultora Vea Qualitas. Respondió ante las preguntas de varios diputados de «si era compatible» que asesoraran al mismo tiempo al INAGA y a algunas empresas del sector de las renovables. «Nosotros ya habíamos declarado que habíamos trabajado con Forestalia Renovables y Arapellet. Y esto lo sabía el INAGA. Entonces si me da un proyecto sabiendo que es de Forestalia no es un problema mío», defendió, descargando la responsabilidad en la sociedad pública. No faltaron momentos tensos cuando Laguna aludió durante su comparecencia que se sentía «agredida» ante las preguntas del diputado de Podemos, Andoni Corrales. Por su parte, Federico Vicente Lozano, director de la compañía Calidad y Estudios Asesoría S.L, otra de las consultoras comparecientes, negó haber recibido presiones que pudieran interferir en los criterios técnicos de evaluación ambiental.
Andrés Medina, secretario general del INAGA hasta el 2023, aseguró que consultó con los servicios jurídicos sobre una probable incompatibilidad a lo que se concluyó que «no la había» si las consultoras no trabajaban para las promotoras «durante la vigencia del contrato del INAGA». Medina negó la existencia de cualquier «actuación irregular». La sesión del viernes la cerró Elena Martín, jefa del Área Técnica III de Medioambiente Industrial quien ratificó que los funcionarios tomaron las decisiones con «total independencia» de los distintos gobiernos.
Este lunes por la tarde la comisión de investigación continuó en el Parlamento aragonés con otros testimonios de peso como el del actual director del INAGA, Luis Simal, la actual directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés; y anteriores cargos responsables de esta dirección en las pasadas dos legislaturas.
