El nuevo mapa concesional de transporte público regional triplicará con creces la financiación de la DGA con el objetivo de extender el servicio de autobús a todos los núcleos de más de diez habitantes a partir del 1 de enero de 2023. La decisión permitirá acceder al transporte público a casi 34.000 personas que viven en 375 poblaciones, que dispondrán de al menos una conexión semanal con su centro de salud mediante una ruta regular o a la demanda. Además, otros 253.325 aragoneses contarán con un mejor servicio, ya que se adaptarán los itinerarios y horarios a las necesidades actuales porque muchas de las actuales líneas se diseñaron a mediados del siglo pasado.
Estas son las bases de la "revolución" en el transporte público que saldrá a concurso el próximo otoño por 216 millones de euros y un periodo de concesión de diez años, que reordenará las 118 concesiones y contratos programa en las 19 concesiones en las que se ha dividido la cobertura a lo largo y ancho del territorio. Las empresas estarán obligadas a renovar sus flotas, ya que ninguno de los 300 vehículos necesarios podrá superar los cinco años cuando inicien la explotación en 2023 y los deberán retirar cuando lleguen a diez.
El nuevo sistema redundará en beneficio del viajero, dado que no solo tendrá más frecuencias y mejores horarios, sino que se beneficiará de una integración tarifaria que hará que, de media, se abarate el billete en un 10%. La percepción mínima será 1,35 euros, y se pagará ocho céntimos por kilómetro, independientemente de donde se viva. Los transbordos serán gratuitos y solo falta por lograr extenderlos a los trenes regionales, con los que existirá al fin una coordinación horaria en las 90 localidades con estación.
Tanto el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, como el director general de Transportes, Gregorio Briz, han presentado este miércoles los proyectos aprobados, con los que la cobertura pública del transporte pasará del 24% al 57%. En el caso de las arcas autonómicas, que asumirán el grueso de la factura, su aportación pasará de 4,4 a 15,5 millones de euros y el resto de administraciones se reducirá de 7 a 4,8. El principal ahorro lo tendrá el Ayuntamiento de Zaragoza.
Soro ha especificado que la oferta de servicios interurbanos crecerá un 13% y los metropolitanos, otro 19%, y se garantizará a todos los usuarios poder llegar a su centro de salud antes de las nueve de la mañana y a su hospital, una hora y media después, además de volver a su casa en el día.
La base del nuevo sistema concesional serán los transbordos, dado que para ganar en cobertura, rapidez y fiabilidad se ha diseñado una red capilar: las líneas secundarias conectarán los núcleos más pequeños con los centros de salud, en muchos casos con un servicio a la demanda con taxi o furgoneta; las líneas primarias unirán a su vez los centros de salud con las cabeceras comarcales y los hospitales y, por último, las troncales llegarán a las cabeceras provinciales o a la capital.
Gregorio Briz ha incidido en otras importantes mejoras, como la digitalización del transporte. No solo se implantará un sistema de ayudas a la explotación (SAE) para tener controlada todas la flota sino que los usuarios contarán con aplicaciones que le informarán de la hora de paso del autobús por su parada, como ya tienen los urbanos de Zaragoza. También será más fácil pagar, porque se podrá hacer en efectivo, tarjeta y código QR, además de con las tarjetas de transporte.
El nuevo sistema tarifario traerá consigo descuentos por uso recurrente de hasta el 25% y otros sociales. Soro ha especificado que las familias numerosas especiales dispondrán de un 50% de reducción, mientras que los jóvenes y jubilados podrán ahorrarse hasta un 30%
El tren da paso al autobús
Cabe recordar que el plan estratégico de transportes del Gobierno de Aragón pasa por darle más protagonismo al autobús. El tren, otro de los ejes vertebradores que el departamento de Vertebración asegura como "claves" ha recibido un duro revés este año ya que el ejecutivo aragonés ha decidido dejar de financiar algunos de los servicios "por no ser de su competencia". Entre ellos se encuentra el tramo Fayón-Caspe.
«Nuestra apuesta por el ferrocarril es clara pero no vamos a seguir asumiendo la financiación de servicios que no nos corresponden, como hemos dicho reiteradamente, y detrayendo fondos de nuestras propias competencias», señaló José Luis Soro en el mes de marzo al dar esta noticia. El consejero aseguró que el Gobierno de Aragón precisaba de ese presupuesto que se le daba a estos servicios para poder afrontar dicho nuevo Mapa de Transporte Público Regular de Viajeros por Carretera de Aragón.
Una decisión que no ha gustado al territorio, el cual llegó a manifestarse de manera multitudinaria el pasado fin de semana en contra de la suspensión del tramo caspolino que ayuda a conectar la capital aragonesa y Cataluña.
"No entendemos para nada ese cambio del tren por el autobús, y no es lo que queremos en nuestra zona, cambiar el tramo Fayón-Caspe a este nuevo transporte sería un error porque supondría un trayecto mucho más complicado y largo que nuestros mayores no podrían soportar", explica José Sanz, portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Bajo Aragón-Caspe. "El tren es parte de nuestras vidas, de nuestra historia y no estamos dispuestos a que nos lo quiten".
