El Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros. La línea de ayuda tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros hasta 2023. El ejecutivo central estima que se generará un impacto mínimo en la economía de unos 3.000 millones de euros y la creación de hasta 16.000 empleos.
El PERTE plantea como objetivos la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Asimismo busca la transformación de la cadena agroalimentaria. Las medidas serán gestionadas por los ministerios de Agricultura, Industria, Asuntos Económicos y Ciencia.
Presupuesto
La inversión pública en esta línea de ayudas asciende hasta 1.002 millones de euros, que se repartirán entre el eje del fortalecimiento al que corresponden 400 millones; el eje de la digitalización tiene un presupuesto de 454 millones y el eje destinado a I+D+i supone 148 millones.
El ministerio estima que las ayudas tendrán un impacto medioambiental, con el impulso de la economía circular y reducciones de emisiones; económico, con un impacto global en el PIB mínimo de 3.000 millones; y social, con la creación de empleo y atracción de población a zonas rurales.
La Asociación de Industrias Alimentarias apunta que los ejes de acción de estas ayudas «van en la buena dirección, pero creemos que la dotación económica se queda corta para el peso y la importancia económica que tiene el sector», ha indicado José Ignacio Domingo, gerente de la asociación.
«Son unas líneas de ayudas que van dirigidas a mejorar la competitividad del sector y favorecer su transformación hacia una mejora en la sostenibilidad ambiental, por lo que son ayudas fundamentales para facilitar y acelerar esta transición, pero si es más justa la partida presupuestaria, la transformación va a ser menor o va a ir mucho más lenta», ha añadido Domingo.
Las organizaciones profesionales agrarias ven con buenos ojos estas ayudas pero critican que el apoyo al sector agrícola y ganadero no es «intenso». «Valoramos muy positivamente cualquier decisión que se tome para inyectar dinero, pero creemos que el PERTE se ha centrado mucho más en la industria agroalimentaria y no tanto en los agricultores y ganaderos», ha indicado José Manuel Roché, secretario general de UPA. Esta organización también ve como un aspecto negativo la «nula participación de las organizaciones profesionales agrarias» en su elaboración. «Seguramente les hubiéramos aportado ese conocimiento que muchas veces desde los despachos se desconoce», ha lamentado Roché.
«Pasa de largo del sector agrario y se centra en las empresas del medio rural y la digitalización», ha indicado José Manuel Cebollada, presidente de ASAJA que ha apuntado que todas las ayudas que lleguen el medio rural les parece bien pero lamentan que el PERTE no este enfocado al sector agrario.
Desde UAGA también dan la bienvenida a estas ayudas pero todavía desconocen cómo se van a distribuir las ayudas dentro del sector, «habrá que ver la disponibilidad que tiene el agricultor para hacer la inversión porque a veces ese es el problema, porque si son ayudas en las que tiene que aportar primero mucho dinero no se puede acoger», ha explicado David Andreu, secretario provincial de Teruel de UAGA.
ARAGA considera que el eje que más puede afectar al sector agrícola es el vinculado a la digitalización y critica que se quiera generalizar las funciones telemáticas «es una obligación impuesta pero no generada por la necesidad», ha señalado Jorge Valero, presidente de la organización. «Pero la administración debe tener claro que una gran parte del sector no está preparado y no necesita esa digitalización», ha añadido.
Impacto del sector
En el territorio nacional hay 1 millón de explotaciones agrarias que dan empleo a más de 2 millones de personas. El sector representa el 10% del PIB de España y se sitúa como la 8ª potencia mundial agroalimentaria.
Por su parte la industria agroalimentaria aglutina 30.260 empresas que generan 517.300 puestos de trabajo.
