La Ley de Agricultura Familiar de Aragón fomentará los pequeños regadíos y las concentraciones parcelarias

La nueva Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón podrá ayudar a incentivar los pequeños regadíos y las concentraciones parcelarias además de apoyar a las explotaciones agrarias familiares y establecer obligaciones compartidas entre integradoras y ganaderos de las que antes las empresas se salvaban. Esta norma, que nace para «proteger y concentrar las ayudas públicas en el modelo de agricultura familiar» frente a los efectos negativos de las grandes empresas, debe tener un desarrollo para que su aplicación sea real y beneficiosa para los pequeños agricultores y ganaderos que trabajan y sostienen el medio rural aragonés.

Las competencias en agricultura y ganadería son estatales y se basan en una ley preconstitucional, la de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973; por lo que la nueva norma autonómica ha intentado adaptarse al escenario actual, muy distinto al de hace 50 años. La producción y la renta agraria total en Aragón imputable al modelo familiar tiene un peso cada vez menor «mostrando valores preocupantes» como reconoce el Gobierno de Aragón. Poco más de un tercio de las explotaciones familiares superan los 25.000 euros de producción estándar y menos del 3%, los 150.000 euros.

El nacimiento de esta ley después de dos años de tramitación en las Cortes y antes en el Gobierno de Aragón no estuvo exenta de polémica. En el sector solo contó con el apoyo del sindicato UAGA frente al malestar de Asaja, Araga, las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, Anprogapor, Cesfac y Febrero. Precisamente su negativa se basa en que «se abordan numerosos temas ajenos a la definición de agricultura familiar como son el patrimonio agrario, las concentraciones parcelarias, las modernizaciones de regadío, el modelo de gestión del agua en Aragón…» que son los puntos que destacan desde UAGA. «Apostábamos por un texto más ambicioso principalmente en la definición de profesionales agrarios pero en su conjunto mejora la protección de las explotaciones pequeñas y medianas. Ahora el reto es darle desarrollo reglamentario y que nos sea útil», precisa David Solano, responsable del área de Agua de UAGA.

Uno de estos retos es aplicar en políticas concretas autonómicas la definición que establece de agricultura familiar hacia el que dirigir prioritariamente las medidas de apoyo público y establece prioridades en defensa de un modelo social, ambiental y ligado al territorio hacia el que dirigir los recursos públicos aunque sin excluir a nadie de la actividad. Esta definición se puede utilizar ahora a la hora de implementar deducciones fiscales para impuestos autonómicos como el de transmisiones patrimoniales o ayudas, por ejemplo, para la sequía o para la modernización agraria.

La ley también reconoce los efectos sociales en el modelo familiar de producción ganadera limitando el tamaño de las explotaciones y estableciendo un régimen de distancias entre ellas. Regula legalmente el sistema de integración ganadera -mayoritario en el porcino y casi absoluto en el aviar- para dar seguridad jurídica y estabilidad al ganadero y garantizar un adecuado reparto de beneficios y obligaciones entre las partes. Reconoce la corresponsabilidad solidaria de las empresas integradoras en el cumplimento ambiental de la actividad que hasta ahora recaía exclusivamente en el ganadero. Por ejemplo, a la hora de ampliar una granja se debe incluir el nombre de la integradora para que tenga obligaciones. No obstante, para UAGA este apartado es poco ambicioso ya que ellos abogaban por fijar por ley unos contratos con las anualidades y las condiciones económicas.

La norma también abre la puerta a nuevos regadíos de pequeño tamaño y a la modernización de los ya existentes; y a un nuevo modelo de financiación. Por su elevado precio estos proyectos han estado sujetos tradicionalmente a un apoyo público muy relevante que ha pasado incluso por la ejecución directa por parte de la administración para su posterior entrega a las comunidades de regantes, que tenían que devolver la inversión con cláusulas muy abusivas que terminaban no cumpliendo. Es el caso por ejemplo de las obras del canal Calanda-Alcañiz. Esta metodología de financiación ha ocasionado actuaciones a medio ejecutar con importantes montantes públicos ya invertidos porque la administración, al no recibir los pagos, no invertía en nuevos regadíos. Ahora se quiere promover un nuevo marco de financiación con devoluciones a más largo plazo que sean más fáciles de pagar y siendo DGA la que subvenciona los proyectos que ejecutan las comunidades de regantes al 50% y no ejecutando directamente las obras para cobrar después. Es el caso de las infraestructuras hidráulicas previstas en Caspe.

Para regadíos como el citado del canal Calanda-Alcañiz pendientes de devolución se introduce una disposición por la que con las inversiones en modernizar estas infraestructuras que ya tienen varias décadas se deducirán de la deuda.

En materia hídrica también establece un registro de aguas aragonesas que no se sabe cómo se aplicará y que, siempre teniendo en cuenta que la competencia es estatal, podría servir interviniendo para conseguir la disponibilidad hídrica para crear nuevos regadíos en las zonas más necesitadas.

Otra de las mejoras de la ley es que da más facilidades a la concentración parcelaria. Simplifica administrativamente la opción clásica y abre la vía a dos modelos de concentración. Por un lado, reduce notablemente la carga económica y administrativa para realizar permutas directas entre propietarios; y por otro, posibilita la concentración solo para los propietarios que se pongan de acuerdo y no para todos (con declaración de utilidad pública se realiza con el visto bueno de los que aporten más del 75% de la superficie).

Por último, se actualiza la ley del 73 con respecto al patrimonio agrario permitiendo segregar lotes hasta ahora indivisibles en los pueblos de colonización como Valmuel y Puigmoreno.