Trabajadores y empresarios locales comparecen en la comisión de las Cortes con el apoyo fuera de un grupo desplazado desde Andorra con sus pancartas
Las pancartas que la cuenca minera sacó a la calle el 12 de enero con la manifestación histórica en Andorra, no han vuelto a los armarios. Al contrario. El miércoles se desplegaron en la plaza del Ayuntamiento para «arropar» a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su visita a Andorra y Ariño. Este jueves las proclamas viajaron en autobús hasta la Aljafería.
Se quedaron en la puerta, pues las fuerzas de seguridad no permitieron avanzar más, mientras en el interior del palacio se reanudó por la tarde la sesión con los trabajadores de la comisión especial en las Cortes de Aragón iniciada por la mañana con sindicatos y patronal. «Ya perdonaréis pero vengo un poco alterado». Comenzó así el presidente del Comité de Empresa de la Central Térmica de Andorra, Hilario Mombiela, primero en intervenir. Tomó aire y sosiego para comenzar detallando todo el periplo de reuniones con grupos parlamentarios desde 2010 avisando de que esta situación iba a llegar. Siguió por enumerar los actos de reivindicación de estos años para detenerse en un augurio: «El cierre de la Central será en Semana Santa y no en junio de 2020. Hay carbón para 80 días».
Pedro Miñana, portavoz de la Plataforma de las Subcontratas y el Futuro de la Comarca fue el siguiente en hablar. Sin ocultar su «hastío», -lo mismo que Mombiela-, comenzó lamentando que se siga sin contar con ellos. «Se nos dejó fuera de la reunión con la Ministra y no entiendo el motivo. Somos 400 familias que vivimos aquí y somos las que hacemos pueblo», añadió. Para Miñana, de seguir la situación así, «Aragón serán Zaragoza y Huesca porque allí sí que llegan proyectos», dijo y apuntó a la industria de las arcillas como una salida. «Se la llevan para trabajarla en Castellón, ¿por qué ahora no podemos hacerlo aquí?», se preguntó al tiempo que puso sobre la mesa la necesidad de contar con un polígono comarcal.
Propuesta que se sumó a las reiteradas por Mombiela y que se llevó Teresa Ribera. Entre ellas, una planta termosolar que cuente con suficiente mano de la obra, la creación de una factoría para acoplar componentes de los 100.000 puntos de recarga que se estiman necesarios para el desarrollo de los coches eléctricos y otros proyectos como el ramal ferroviario y la elevación de las aguas del Ebro.
El presidente de la Asociación Empresarial Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, inició sus palabras invitando a «desterrar las expresiones de futuro» y a hablar en presente. Tomó el relevo a los trabajadores en la comisión y reiteró la propuesta de una «oficina de reactivación industrial» que canalice las distintas iniciativas empresariales para instalarse en la zona, que tenga su sede en Andorra, no esté politizada, coordine los fondos y cuente con un equipo humano «multidisciplinar» e «independiente». Llamó a adoptar medidas fiscales de apoyo a quienes apuesten por asentarse en el territorio, como desgravaciones en el IRPF, reducción del IVA, del impuesto de transmisiones patrimoniales y de las cotizaciones sociales. Propuso que se simplifiquen los trámites burocráticos para abrir un negocio y que se replantee el criterio de reparto de los fondos para que se beneficie a Ariño y Andorra. Aunque con matices, estos puntos fueron en consonancia a los defendidos por la mañana en el mismo marco.
El presidente del sindicato central de regantes del Guadalope, José Fernando Murria, advirtió de los «daños colaterales» del cierre que se traducirán en «graves consecuencias» para el regadío ya que Endesa cuenta con una concesión de 18 hectómetros cúbicos. «Paga como autoconsumo el bombeo de Mequinenza al Civán de Caspe que compensa su concesión, pero si se va, habría que ir al mercado libre de contratación y ese gasto de 960.000 euros por año sería inasumible», alertó. No obstante, cifran la marcha en más de 30 millones de euros. Murria recordó que envió a la ministra Ribera, con copia al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de Aragón, una misiva, «todavía sin respuesta», planteando estas cuestiones y una serie de medidas a adoptar. Entre ellas, el uso de las cláusulas concesionales para reclamar el 24% de la energía reservada de las presas para el Estado o la optimización con energía renovable, que supondría una inversión de siete millones de euros, entre otras.
